En el sector inmobiliario consideran que el acuerdo para limitar la compra de vivienda tiene los días contados. Dan por hecho que, de aprobarse en los términos que plantean los Comunes en su proposición de ley, acabará en los tribunales porque afectaría a la propiedad privada y a la libertad empresarial. Pero no por ello se muestran menos alarmados: una regulación así podría acabar teniendo el efecto contrario al que se pretende, coinciden todos los consultados.
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